En este esquema el Estado-Gobierno se convierte en una suerte de azote. De manera salvaje depreda el patrimonio y los bienes de las personas y extrae de forma perversa recursos de las bases sociales hacia las cúspides privilegiadas. Estos sectores prevalidos, una vez instalados cómodamente en el presupuesto nacional, medran sistemáticamente del gasto público al amparo de una burocracia insensible que da y quita favores de manara discrecional. La renta petrolera ha apuntalado esta inaceptable hegemonía. El petróleo, ni antes ni ahora ha estado en manos del pueblo, sino bajo el control de los gobiernos de turno, una usurpación que nos ha empobrecido por décadas.

Hay que desatar este nudo que nos ahoga. En nuestro país esto sólo se logra mediante el desarrollo de una sociedad productiva, lo cual será posible mediante un cambio radical en el modelo de asignación de los ingresos provenientes del negocio de los hidrocarburos. Asignar directamente a cada ciudadano, sin alcabalas, sin peajes, ni intermediación de agencias burocráticas, la cuota parte que nos corresponde de la renta petrolera, a través de títulos de participación y de mecanismos de libre selección que le permitan ampliar su horizonte de opciones para educarse, formarse, sanarse y capitalizarse a fin de fomentar el capital social que tanto necesitamos, constituye la verdadera revolución del Siglo XXI en Venezuela. Se trata, nada más y nada menos que transferir realmente poder económico al pueblo.

Por lo demás, sustraerle a los gobiernos de turno la renta petrolera, sería un poderoso incentivo para que nuestros gobernantes se vean en la necesidad de formular las políticas públicas que permitan el desarrollo de una nación altamente productiva y competitiva, que ayude a la diversificación de nuestra economía y la haga menos dependiente de los ingresos provenientes del azaroso movimiento de los precios del petróleo.

Me propongo luchar por los intereses de los más vulnerables, por la economía y el patrimonio de los más pobres. Los derechos de los consumidores deben ser el centro de las consideraciones de quienes administran el Estado. Por eso preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, la cual es la propiedad privada más democrática que existe, será una prioridad fundamental. Defender el poder de compra del bolívar, la divisa que lleva el nombre del Padre de la Patria, es la mejor manera de honrar la memoria de quien nos dio la libertad y nos legó la nacionalidad.

Esta es la visión que corresponde a la Venezuela que queremos para las generaciones del presente y del futuro y por la cual presento mi nombre a la consideración de los electores de Aragua para ocupar una diputación en la próxima Asamblea Nacional. El país no quiere la continuidad de lo que hay ni el regreso a lo que había. O el pueblo toma el control de los gobiernos a través del voto y los impuestos, o los políticos seguirán controlando a la gente por medio del poder económico que concentran al usurpar en nuestro nombre los principales activos económicos de la República, entre ellos, el petróleo. Esta es la real discusión en la actual hora venezolana.