En 1998, el Estado venezolano era el dueño del 70% de la propiedad no residencial existente en el país, es decir, aquella que se destina a la producción y generación de bienes y servicios (la que no incluye a los activos inmobiliarios que sirven de residencia a sus dueños). En el año 2008, el Estado elevó ese porcentaje a más de un 80%; en consecuencia, el sector privado en Venezuela sólo tiene en su poder menos del 20% de la propiedad no residencial asentada en nuestro territorio. En 1998, el gasto público consolidado del Estado representaba el 25% del Producto Interno Bruto Nacional y en el año 2008 este gasto constituyó el 40% del PIB. En 1998, el 73% de las divisas que ingresaban al país eran propiedad del gobierno a través de Pdvsa y otras empresas estatales con vocación exportadora. En el año 2008, el 95% de los ingresos externos de la nación (es decir, los dólares) se concentraron en manos del Estado. En 1998 la nómina de personal al servicio del sector público estaba en 1.500.000 personas. En el año 2008 esta cifra se elevó a 2.500.000 (el sector estatal pasó de emplear un 15% de la población económicamente activa a un 20%).

ESTADO Y PROPIEDAD

Sustentado en el control patrimonial y monopólico que ejerce sobre la renta petrolera, el Estado venezolano es propietario mayoritario de acerías, cementeras, compañías de almacenaje en frío, centrales azucareros, industrias lácteas, complejos de fabricación de aluminio, industrias extractivas de hierro, bauxita y otros minerales, Cavim, Edelca, Cadafe, Electricidad de Caracas, empresas de suministro de agua, de gas, de distribución y transporte de combustibles, estaciones de servicio, empresas papeleras, de válvulas, de producción de pasta de tomate, de bancos, líneas aéreas, hoteles, flotas autobuseras empresas de telefonía básica y celular, canales de televisión, de radio, de silos, hatos, fincas y haciendas.

Todo este inmenso poder económico constituido por las empresas mercantiles de propiedad estatal que existen en el país está en manos de una sola persona, el Jefe del Estado o el Presidente de la República como administrador que es de la Hacienda Pública Nacional. El resto, un escaso 20% de la propiedad en Venezuela es de carácter privado y está en manos de millones de compatriotas que viven de los frutos que generan esas propiedades, grandes, medianas y pequeñas.

El sector privado en nuestro país emplea al 80% de la población económicamente activa y el sector público al 20% restante. El dueño del 80% de las propiedades y la riqueza en Venezuela emplea a menos de 3 millones de personas, mientras que los dueños del 20% de las propiedades no residenciales asentadas en la nación emplean y dan sustento a 9 millones compatriotas, tanto en el sector formal como en el informal. Como vemos, a través de la propiedad privada se logra una mucho más eficiente asignación de los recursos en la sociedad al punto de que apenas constituyendo un 20% del total de las propiedad y de los bienes materiales existente en el país, sin embargo permite que sea fuente de sustento para el 80% de los venezolanos. Ante esta realidad nos asaltan dos preguntas: ¿Cómo sería Venezuela si la relación entre propiedad pública y privada fuera inversa a la que existe hoy? ¿No habría mayor oferta de puestos de trabajo y empleos mejor remunerados?

A pesar de ser muy ineficiente en la asignación de las oportunidades económicas entre la población, el Estado venezolano, al concentrar tan impresionante cantidad de riqueza, sí tiene a su alcance una gigantesca capacidad de avasallamiento sobre la sociedad. El sector estatal en Venezuela ejerce control patrimonial sobre una inmensa mayoría de medios productivos, lo cual le permite tener autonomía funcional respecto de la sociedad. Esta relación Estado-economía-sociedad permite que los gobiernos controlen la base material del país, es decir, la riqueza, y el que controle la riqueza controlará a la gente.

El socialismo, por definición, es la destrucción sistemática y sostenida de la economía privada. No estamos hablando sólo de la propiedad privada, sino de todo el sistema productivo y de intercambio comercial a partir del cual los ciudadanos pueden, independiente y autónomamente, crear las condiciones materiales que le permitan disponer de los medios económicos suficientes para su bienestar y el de los suyos.

Esta labor de destrucción de la economía privada requiere de tiempo, aunque no tanto del que se necesitó para crearla, ni del que se necesitará para reconstituirla. El Presidente Hugo Chávez logró el domingo 15 de febrero convencer al 54% del país para que se le permitiera tener la opción de disponer del tiempo suficiente para concluir la obra que inició hace 10 años, la cual consiste en demoler, sin prisa, pero sin pausa, la base material que permite todavía a millones de venezolano ser independientes frente a los designios de poder del Estado y que también lo puedan seguir siendo sus hijos.

PUNTO DE NO RETORNO

A menos de un mes de su triunfo en el referéndum sobre la enmienda constitucional, Chávez cumple con su promesa de proseguir con el avance de su modelo socialista. Las recientes medidas de intervención gubernamental en plantas procesadoras de arroz, junto a los anuncios sobre la creación de cupos de producción mediante los cuales a los empresarios de áreas sensibles del sector de alimentos se les establece la cantidad que deben producir de determinado tipo de producto, ponen en evidencia hasta dónde pretende llegarse en el proceso de trituración de la economía privada.

Pronto estaremos en presencia de mayores y más severos controles y de anuncios intervencionistas con un claro tinte confiscatorio. A los industriales, el Estado les indicará qué, cuánto, cómo y dónde producir, junto a quién y a qué precio vender su producción. Cada medida gubernamental destinada a interferir sobre el sistema de precios y de libre empresa mediante la aplicación de controles y regulaciones, derivará rápidamente en la necesidad de aplicar otras muchas medidas más, de igual naturaleza y de carácter complementario, hasta llegar a un punto de no retorno: La total socialización y estatización de la economía.

Todo esto traerá destrucción de riqueza, desaparición de empleos productivos, escasez, desabastecimiento y desde luego inflación. Bienvenidos al Socialismo del Siglo XXI.

Tal vez sea indicado en este momento recordar las palabras de Arturo Uslar Pietri pronunciadas durante la instalación de la Escuela Libre de Ciencias Económicas y Sociales un 28 de octubre de 1938: "Resulta absolutamente bizantino ponerse a discutir sobre la conveniencia de que el Estado intervenga o no en nuestra vida económica. El hecho es que el Estado interviene y está interviniendo en nuestra vida económica, porque nuestra vida económica no es sino un reflejo de la riqueza del Estado".