El comandante Chávez anuncio el año de la ofensiva revolucionaria, en medio del control de los controles de cambios y de precios, mientras sus opositores en PDVSA están tan fuera de la industria, como fuera de los cuarteles vemos a los militares que se le han opuesto.

El gobierno hace preso a un General opositor y aunque no podemos coincidir jamás con el grueso de sus opiniones, tenemos que defender hasta la muerte su derecho a expresarlas, especialmente cuando fue una constituyente bolivariana la que lo estableció. Un juez ordena la detención Hernández y Ortega (¿al otro Fernández lo dejan por fuera?) y nos encontramos con que todos los delitos que se le imputan son contra difusos derechos de un supuesto colectivo.

El problema son las leyes colectivistas

De nada sirve ahora detenerse reclamar racionalidad a quienes creen en esas leyes colectivistas, pero no le gusta que las aplique este gobierno. El problema son las leyes, la infinidad de leyes que le dan al gobierno poder sobre nuestras vidas y propiedades. Nuestros legisladores han inventado a lo largo de los años, todo tipo de nuevos delitos penales, contra la patria, la nación, la ecología, los niños, las mujeres, las minorías, o lo que se les ocurra, por medio de las que los jueces pueden trasformar en delito penal la expresión de casi cualquier opinión y acción política. Esas leyes no las invento el Chavismo, pero las esta aplicando.

También han desarrollado nuestros legisladores infinidad de leyes para inmiscuirse en las propiedades de los ciudadanos, se obliga a las instituciones financieras a llevar un registro policíaco de las operaciones de sus clientes, se establece la potestad de los gobiernos para fijar los precios de todos aquellas bienes y servicios que a bien tengan, se autoriza a los gobernantes a afectar cualquier propiedad, de cualquier forma y para cualquier fin, y se dictan reglamentos por los que hasta los más elementales principios de igualdad en el trato de los regulados se rompen por la más absoluta discrecionalidad de los funcionarios. Nada de eso lo invento el Chavismo, de son armas para su revolución, que le dejaron los Congresos y Ejecutivos de lo que ahora se suele llamar la 4ta.

Solo con leyes que protejan los derechos de los individuos frente al poder del estado, será posible que no existan trucos para trasformar la opinión política en delito y la propiedad en graciosa concesión del déspota de turno.

Perfeccionando las leyes colectivistas

Ahora nos hablan de la ley de contenidos, que es más de lo mismo que enfrentamos con aquel famoso no a la reforma mordaza de un tiempo en que el hoy presidente no había aparecido en horizonte de los políticos electorales. Ley del mismo cuño que las famosas cuarenta y dos, cada una de las cuales tiene sus ardientes defensoras en las filas de la alianza opositora, y hermana de la nueva Ley penal cambiaria con la que se pretende trasformar en delito la propiedad privada de aquellos bienes que no sean expresamente autorizados por el gobierno.

No es más que eso, el concepto que se oculta tras la ley penal cambiaria, tener dólares, o depósitos, o propiedades fuera del país puede ser tipificado como delito penal. Con ello se establece el objetivo ultimo de la legislación colectivista, el fin de la propiedad privada, no de hecho, sino de derecho. Con eso regresamos al estado en que nos encontrábamos ante los señores de vidas y haciendas cuyas vidas y haciendas eran, a su vez, propiedad del Rey.

Si tales leyes no existieran, si nuestros derechos estuvieran protegidos contra el abuso del estado, el Presidente y su revolución estarían aún en pleno esfuerzo cercenar nuestros derechos civiles y políticos individuales en nombre del colectivo de su preferencia.

La cosa es que la revolución no tuvo mucho que hacer, se encontró con todo echo, solo tuvo que ajustar y perfeccionar ciertos instrumentos de la represión colectivista, disfrazándolas de protección de los débiles y las entelequias, cuando se trata de trasformar la opinión en delito y actuando de forma totalmente abierta, cuando se trata de meter la mano en el bolsillo de todos los ciudadanos, para repartir generosamente lo agarrado entre otra muy especial categoría e ciudadanos que si podrá tener propiedades y hacer negocios que a los demás les son prohibidos.

Oligarcas temblad

La concentración del poder político, las propiedades, privilegios de todo tipo y una serie de protecciones legales contra cualquier competidor externo, es lo que define a una oligarquía.

Estamos ante un escenario de empobrecimiento generalizado, debilitamiento de las empresas establecidas, fortalecimiento de la presencia del estado en la economía y eliminación de las pocos espacios de competencia económica abierta que quedaban en Venezuela. Eso sólo puede resultar en la creación de una poderosa y cerrada oligarquía de nuevo cuño, completamente dependiente del poder político del partido que la crea.

También estamos ante la posibilidad de entender que salir de un gobierno que no nos gusta, es sólo un paso adelante, pero que salir de las leyes que le dan al gobierno autoridad legal para someternos, es dar el gran salto definitivo a la libertad y el progreso.