Todo comenzó hace tiempo, cuando la sociedad civil cedió obligaciones y derechos que son naturales e individuales, en favor de los políticos que tomaron el poder a la muerte del dictador Juan Vicente Gómez allá a finales del año de 1935.

Desde ese entonces el Estado viene tomando atribuciones que no le corresponden -como la de bodeguero, banquero, constructor de viviendas o promotor económico-, para las cuales no fue creado, y que no solo lo hacen más ineficiente de lo que ya es; sino que menguan la libertad y eficiencia de las gentes.

Una de esas atribuciones es precisamente la de ponerle precio a lo que es de uno -control de precios- y también la de prohibir la libre circulación de las monedas extranjeras -control de cambios-.

La anomalía, y los problemas que ella crea, no se resolverán en tanto nos dediquemos los venezolanos exclusivamente a criticar o denunciar ante los tribunales competentes, las situaciones de corrupción que es seguro van a aflorar del seno de Cadivi.

Tampoco se va a resolver esta irregularidad dejando intactas las leyes intervencionistas del libre quehacer económico que fundamentan la base legal para tener al Estado y a los políticos que lo dirigen en funciones que no les corresponden.

Superar los males que han traído por ejemplo los controles de precios y de cambios implica que los venezolanos necesitamos meter en cintura al Estado y eso son palabras mayores.

Habrá entonces que reformar la absurda Constitución de 1999 para poder anular las leyes que por intervencionistas no solo son equivocadas, sino inconstitucionales porque obstaculizan las libertades y las responsabilidades de cada individuo y son los instrumentos "legales" que han permitido que politiqueros corruptos -de este y de todos los gobiernos venezolanos desde la muerte de J. V. Gómez- se escuden en ellas para intervenir la acción creadora de riqueza de los venezolanos con la torpeza de un elefante en una cristalería. Sin eliminar tales leyes jamás superaremos la pobreza.

Aún cuando el actual Presidente termine su mandato y salga de Miraflores para enfrentar el juicio de la historia. Hay un caso reciente que ilustra la maldad de estas leyes que son las mismas que le permitieron a Luís Herrera la creación del infame RECADI, infame creación que después usufructuaron el duo Jaime Lusinchi-Blanca Ibáñez.

Hay un grupillo de empresarios que desde febrero vienen contactando a los jefesotes de Cadivi.

¿Cuál es la propuesta?

Simple: Sobrestimar la necesidad de importación estacional de carne vacuna en 500 % para hacer pingues ganancias vendiéndole el remanente no usado de dólares a otros empresarios más honestos o menos enchufados.

La brutal ganancia que nosotros estimamos en unos 60 millones de dólares será repartida entre los "honestísimos" funcionarios de Cadivi y estos empresarios "opositores".

Por supuesto que hay otros detalles como por ejemplo que parte de la ganancia será utilizada en promover una candidatura salida del seno de la oposición... cuestión que al gobierno no le hace perder el sueño toda vez que este "honestísimo" candidato cumplirá la función de dividir al frente opositor. ¡Todos son corruptos y todos ganan! ¡Los únicos que pierden son los consumidores que comprarán la carne más cara y los productores nacionales que serán dejados de lado!

El punto es que nada sacamos arriesgando la integridad física al "chalequear" el negocio de estos "importadores" de carne bovina si no acabamos el mal de raíz.

¿Cómo?

Ya lo hemos dicho: Es necesario modificar la Constitución para bien de los venezolanos honestos y productivos; pero también cambiar la dirigencia política -de gobierno y oposición- que debido a sus ideas socialistas, intervencionistas y estatistas jamás podrán conducir a Venezuela hacia mejores destinos.