Ante la incontestable evidencia de que la inmensa mayoría de los habitantes de Venezuela coincide en los resultados que esperan del arreglo institucional en el que se funde la República y ante la evidencia de que en el siglo pasado todos los arreglos institucionales ensayados no han permitido políticas públicas que cumplan razonablemente las aspiraciones de la ciudadanía, consideramos:

Que los venezolanos desean un arreglo institucional en un estado de derecho que facilite políticas públicas que permitan a todos la mínima garantía de:

1. Seguridad

2. Prosperidad

3. Educación básica y atención médica

Que han estado dispuestos a cambiar pacíficamente desde Constitución hasta estructura del Estado, guiados por las que consideraron diferentes alternativas ideológicas. Cambios que hasta la fecha no pueden responder a tales aspiraciones y aún así siguen estando dispuestos al cambio.

Que siguen esperando una solución real al creciente proceso de empobrecimiento institucional, material y moral de los ciudadanos y la  República.

Que es obligación moral de cada ciudadano consciente apoyar la solución racional a los problemas de la República y proponer tal solución a las mayorías.

Nos reunimos en esta ciudad de Borburata, en Asamblea Nacional del Comité de Resistencia Civil, con el objeto de aplicar los principios liberales libertarios, que tenemos racionalmente por verdaderos y generales, a las especificas circunstancias presentes de esta República, con objeto de proponer una solución que revierta la actual tendencia al empobrecimiento institucional, material y moral la Nación Venezolana, y permita garantizar,  las ya mencionadas aspiraciones de la mayoría de los ciudadanos, a las que vemos en su mayoría como justas y convenientes y en su totalidad como posibles.

Los resistentes consideramos que tal solución es posible y que no se requiere esperar a un futuro lejano para comenzar a ver los resultados, pero entendemos que no cualquier solución funciona y aquello que hasta ahora se ha presentado a los venezolanos como solución es la verdadera causa del problema.

La sociedad venezolana ha venido ensayando arreglos institucionales con un cuerpo jurídico y unas políticas públicas de naturaleza colectivista y estatista que iniciaron y empeorado el empobrecimiento material y moral de los ciudadanos. Pero ante la evidencia de que constituciones, leyes, reglamentos y políticas de tal tipo producían tan tremendos males, se nos ha sometido al cada vez más y más amplio colectivismo y estatismo, por lo que no es de extrañar que los males sean cada vez peores.

Todo lo que cabía ensayar con el colectivismo y el estatismo en Venezuela se ha ensayado. Cada ensayo fracasó produciendo  una crisis política y cada crisis se ha enfrentado con soluciones que sirven exclusivamente para resolver los problemas de los políticos profesionales y los capitales incompetentes, cambiando de gobierno pero no de régimen en el común de los casos. O cambiando de la forma pero no la naturaleza del régimen en los casos más extremos.

Entendemos que todos los partidos, movimientos o agrupaciones humanas de cualquier tipo, (que en la más amplia definición pueden calificarse de políticas) razonablemente conocidas en el territorio de esta República a la fecha presente nos proponen nuevamente tal tipo de salidas. Por lo que   estamos obligados a responder  un rotundo y definitivo NO!. Porque ¡Eso ya se hizo! Y como estamos observando... ¡ No funciona!

La solución que proponemos debe resolver los problemas de la gente y para lograrlo tiene que transformar al Estado en un ente eficiente y permitir a la sociedad crear prosperidad suficiente para que todos y cada uno de los ciudadanos tengan la certeza de poder mejorar su condición con su propio esfuerzo.

Las causas del empobrecimiento material y moral que empobreciendo sistemáticamente a los ciudadanos productivos y decentes le impide al número creciente de venezolanos, empujados a la indigencia, el proveerse aún las mínimas necesidades por si mismos son:

1. En lo político: gobiernos ineficientes que extralimitan sus funciones naturales

2. En lo económico: mercados cautivos, monopolizados, obstruidos y empobrecidos

3. En lo social: instituciones sometidas al poder de la politiquería

La existencia de valiosos recursos naturales en el territorio que habitamos no nos hace ricos, ni aún como colectivo, ya que la riqueza es capital productivo acumulado como producto de la inventiva y el trabajo humano, no una masa de recursos a los que no se les dé un uso. En Venezuela el capital productivo es extremadamente escaso y se encuentra concentrado mayormente en el Estado y en menor grado en pocas manos incompetentes que medran bajo la protección del Estado. Como los venezolanos tenemos la urgente necesidad de crear riqueza para el presente y el futuro de todos:

Proponemos un contrato con Venezuela de un artículo, dos medidas y ocho acciones:

El artículo único es demoler los obstáculos a la creación de riqueza con un nuevo arreglo institucional libre y responsable que nos garantice:

1. En lo político: gobiernos limitados y dedicados a cumplir eficientemente sus funciones naturales

2. En lo económico: empresas productivas, competitivas, prósperas y libres

3. En lo social: instituciones sociales independientes del poder de la politiquería

Las dos medidas son:

1. Privatizaciones populares comenzando por PDVSA.

Ya que el Estado venezolano se ha financiado, durante décadas, con cargo al empobrecimiento de la población mediante devaluaciones inflacionarias y ha acumulado una deuda pública interna y externa cuyo desproporcionado tamaño atenta dificulta en extremo la organización de un estado eficiente, dedicado exclusivamente al cumplimiento de sus funciones naturales. Debe ese mismo estado transferir gratuitamente la mitad del capital de las todas las empresas (y del resto activos estatales que no se dediquen a sus funciones naturales) a la población para responder por la arbitraria incautación de sus recursos por medio de la devaluación inflacionaria y emplear el resto en pagar la deuda interna y externa que el Estado contrajo para dedicarse a funciones alejadas de su propósito y razón y que han resultado en importantes perjuicios para la inmensa mayoría de los ciudadanos.

2. Desregulaciones para eliminar peajes y recuperar la libertad de invertir decentemente cualquier recurso propio en la creación de nuestra propia riqueza. Eliminado de una vez la odiosa discriminación de la protección del marco legal e institucional de aquellos que no cuentan con los recursos materiales para cumplir un absurdo conjunto de normas que de tanto intentar controlarlo todo no controlan nada en realidad.

Como es evidente para la ciudadanía que el delito crece sin control, la justicia es lenta y venal, crecientes extensiones del territorio, especialmente en las fronteras no están bajo el pleno control del Estado, mientras los esfuerzos colectivistas y socialistas de los diferentes gobiernos venezolanos por producir servicios médicos, culturales, recreativos, educativos, mineros, comerciales, industriales, agrícolas y financieros, han resultado obviamente ineficientes (sin importar las diferencias entre las administraciones que los intentaron) la evidencia nos indica que debemos crear un nuevo arreglo institucional para concentrar los recursos escasos y dispersos del Estado en la seguridad y la justicia. Necesitamos un Estado fuerte para las policías, el ejercito y la administración de justicia, pero podemos dejando el resto de las actividades a la sociedad para que se desarrollen las capacidades individuales en un marco de paz social, seguridad jurídica e igualdad de derechos.

Las ocho acciones indispensables a tal efecto son:

1. Estado dedicado a sus funciones naturales, seguridad y justicia.

2. Gobiernos limitados, en sus cauces, y separados de la esfera privada.

3. Fisco en orden.

4. Libertad monetaria.

5. Mercados libres.

6. Instituciones sociales independientes del presupuesto.

7. Educación, medicina y seguridad social para los más pobres mediante cupones municipales.

8. Privatización popular de PDVSA y de todas las propiedades del Estado que no estén dedicadas al cumplimiento de sus funciones naturales.

Porque entendemos que las intervenciones del Estado venezolano contra la pobreza hasta ahora únicamente produjeron más pobreza, pero el pueblo aún es capaz de valerse por si mismo, si se le libera del conjunto de regulaciones discriminatorias que prácticamente prohíben su acceso legal a la función empresarial, reduciendo así su capacidad de crear nuevos empleos, escuchamos la sabiduría popular cuando afirma:

¡Mucho ayuda el que no estorba!

Porque entendemos que no se puede ser juez y parte, y que una función irrenunciable del Estado es arbitrar en última instancia los conflictos entre particulares, observamos que no puede dedicarse a las mismas actividades de estos como lo ha venido haciendo. Y que uno de los peores resultados del esto es que los particulares se han visto en la necesidad de proveerse de servicios de policía y justicia propios, lo que tiende a feudalizar a la sociedad, escuchamos la sabiduría popular cuando afirma:

¡Zapatero a tu zapato!

Porque entendemos que sólo la acción concientizadora de un movimiento que transmita directamente al pueblo la solución liberal libertaria en forma llana y lógica, para constituir una mayoría democrática capaz de construir el nuevo arreglo institucional y adelantar las políticas públicas cuyo resultado sea la libertad y prosperidad de todos aquellos que desean mejorar su condición mediante la inventiva y el trabajo honesto, escuchamos la sabiduría popular cuando afirma:

¡Ayúdate que dios te ayudará!

Porque entendemos que el conjunto de la legislación que se ha desarrollado bajo la falsa pretensión de proteger a los trabajadores y consumidores deja a estos mismos indefensos ante la corrupción e ineficiencia de un gigantesco aparato estatal, pero logra la brutal concentración del capital en el Estado (y en escasas manos privadas incompetentes que medran al amparo de quien administre el Estado) y que la terca insistencia en el error, repetida sistemáticamente por más de seis décadas, produciendo cada vez peores resultados ya no puede ser considerada más nunca como de buena fe, escuchamos la sabiduría popular cuando afirma que los que evidentemente se benefician de este deplorable estado de cosas:

¡Ni lavan ni prestan la batea!

En consecuencia declaramos la necesidad de usar todos los medios posibles para lograr la participación de la mayoría de los venezolanos en un esfuerzo democrático por adelantar en el futuro cercano el Contrato con Venezuela que hemos descrito en esta declaración e invitamos a todos los ciudadanos que estén dispuestos a oponerse en Resistencia Civil a las ideologías y políticas serviles y empobrecedoras para que suscriban esta declaración.

Borburata, 1 de enero de 2002