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Del Socialismo al liberalismo... El necesario cambio de paradigma (I)














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Por Lester L. Lopez O. 
















El mayor problema que se le presentará a nuestro país, luego de la salida del régimen, será la forma de no regresar a las prácticas políticas del pasado, especialmente a las utilizadas en la década de los noventas y cuya consecuencia más evidente fue la posibilidad de que se hiciera con el poder una persona como Hugo Chávez acompañado de lo más granado y representativo de la izquierda venezolana radical. Esa que desde los sesentas buscaba la oportunidad de hacerse del poder para demostrar las bondades de un sistema comunista (ya fracasado por cierto, en el resto del mundo) con instituciones democráticas. Al igual que en Chile, fracasó.

 

Pero además de las malas praxis democráticas que produjeron el efecto Chávez, que pareciera el problema principal en la percepción generalizada de la sociedad venezolana, el diagnostico me luce equivocado y en consecuencia las soluciones inviables. Es el problema de los líderes de la oposición actual, que próximamente serán gobierno, con el diagnóstico, repito, equivocado.

 

Anteriormente he manifestado, en esta misma sección, que la solución no es cambiar de gobiernos o presidente sino cambiar el modelo político del Estado venezolano, reemplazarlo preferiblemente. Especialmente el actual que es un petroEstado, el peor de todos.

 

Pero ¿Porqué el modelo político actual?

 

Tiene que ver, sin duda alguna, con un modelo de Estado socialista, el cual se comenzó a implementar desde 1945 con el derrocamiento del entonces Presidente Isaías Medina Angarita, y seguido por la junta cívica militar presidida por Rómulo Betancourt.

 

El socialismo, básicamente, se fundamenta en el principio del bien colectivo de la sociedad por encima del individuo, a quien presupone egoísta en su relación con los otros individuos que conforman esa misma sociedad. En consecuencia necesitan de un Estado que posibilite al gobierno de turno, la forma de lograr el bien común para esa sociedad. En otras palabras, privilegia a la sociedad por encima del individuo. Esto, puede ser bueno o malo, pero en nuestro país ha sido malo, pésimo.

 

Este modelo presupone también que los gobernantes de turno son, en función del bien colectivo, más eficientes y mejores administradores de la cosa pública que el individuo y que la propia sociedad, por lo que tienden a apropiarse de los recursos que posee la nación para administrarlos y distribuirlos "equitativamente" entre la sociedad.

 

Bajo la primicia de que son mejores administradores y más eficientes que los ciudadanos, entonces se vuelven empresarios, promotores, accionistas, gestores, distribuidores, planificadores, etc. etc., descuidando sus funciones principales, tales como, garantizar el estado de derecho, la funcionalidad eficiente de la burocracia estatal y de las instituciones fundamentales, la soberanía territorial e institucional y las relaciones internacionales.

 

En nuestro país, por tres décadas (1945-1975) y apuntalado por nuestras riqueza mineras, especialmente la petrolera, este modelo funcionó y ciertamente obtuvo resultados excepcionales en el desarrollo de la sociedad venezolana, los indicadores económicos y las instituciones democráticas, al punto que Venezuela era uno de los países de mayor desarrollo mundial para la época.

 

Sin embargo, en las siguientes tres décadas (1975-2004) nos hemos empobrecido en más del 30% anual acumulado retrocediendo a un ingreso per cápita (IPC) justamente similar a los que teníamos en 1945, aún y cuando la renta petrolera aportó el doble de lo percibido en las primeras tres décadas indicadas. ¿Qué falló entonces? Sin duda el modelo político y los gobiernos de turno que los utilizaron.

 

En efecto, el modelo socialista del Estado apuntalado por una renta petrolera garantizada (petroEstado) y con unos líderes políticos responsables, competentes y con experticia política, rodeados de equipos de trabajo eficientes, posibilitó el pase de una Venezuela rural a una Venezuela moderna con instituciones sólidas y una clase media fuerte y consolidada que pudiera garantizar el desarrollo de las generaciones futuras.

 

Pero con el fortalecimiento del petroEstado mediante la mal llamada nacionalización del petróleo, el cambio del patrón oro por el del dólar y la posibilidad de que los gobiernos fijaran la tasa de cambio en el primer quinquenio de los setentas, la tentación del Estado para controlar la economía, volviéndose a su vez patrono, empresario, intermediario, etc. con ingentes cantidades de dólares en la arcas nacionales, fue demasiado poderosa para que los líderes políticos fueran detrás del botín a través del gobierno de turno y sumirse en la corrupción y la sociedad de cómplices, que aún persiste, y cuyo producto más elaborado es el actual gobierno. Atrás quedaron los líderes políticos probos, cuyos meritorios logros se esfumaron por el sectarismo y la falta de de oportunidades para las generaciones de relevo que ellos mismo relegaron.

 

En 1945, el Estado socialista se justificaba, especialmente en nuestro país, porque la sociedad venezolana aún exhibía altos índices de analfabetismo, las enfermedades endémicas todavía hacían de las suyas y la planta física del país y la infraestructura vial eran precarias, entonces un gobierno que tutelara a la sociedad para superar esta realidad era lo sensato. En 1975 y la década de los ochenta estas realidades estaban ampliamente superadas, la nueva sociedad comenzaba a desechar el tutelaje del Estado y el fracaso eminente a nivel mundial de los estados socialista y comunistas como modelos económicos era todos los días más evidente, hasta que la caída del muro de Berlín y el desmantelamiento de la Unión Soviética confirmaron lo que ya era un hecho.

 

Sólo la clase dirigente venezolana, y en buena parte la latinoamericana, se mantienen en la creencia de que el modelo socialista de Estado puede sobrevivir en la era de la informática, la globalización, el libre comercio y la sociedad del conocimiento, donde la iniciativa del individuo, los derechos humanos y el estado de derecho son los garantes del desarrollo social y el tan ansiado crecimiento económico para abatir la pobreza. Se impone un cambio de modelo, un reemplazo del petroEstado, ya que al final, el Estado socialista termina preocupándose más por la renta - para garantizar su supervivencia - que por el desarrollo de la sociedad a la que pretende servir.

 

El plan consenso país y el pacto de gobernabilidad no lo contempla, por eso saldremos de Chávez, pero la lucha continuará.

 

El mayor problema para el gobierno de transición en Venezuela sería comenzar a desmontar el modelo socialista de Estado que se adoptó en nuestro país desde 1945 y posteriormente convertido en Petro-Estado (el peor de los modelos socialistas) desde 1975, modelo que siempre fracasó porque el Estado terminaba preocupándose más por la renta, que le asegura su supervivencia, que por la sociedad a la que pretende servir y desarrollar.

El problema de la sociedad venezolana no será en consecuencia, cambiar de gobierno o de presidente (eso es parte del problema) sino cambiar este modelo político socialista cuyo postulado principal es tutelar a la sociedad y privilegiar a la misma sobre el individuo.

Entonces cabría preguntarse: ¿Está la sociedad venezolana suficientemente madura y preparada para desprenderse de la tutela del Estado?, ¿qué representaría dejar este tutelaje para el sector productivo privado? y ¿qué representaría para los más desposeídos, los más pobres, los excluidos?

Las respuestas a estas tres preguntas nos inducen directamente a los tres sectores de nuestra sociedad que se pueden afectar con este tutelaje: la sociedad en general, el sector productivo privado y los excluidos sociales.

Comenzaré con la sociedad en general, pues desde mi perspectiva es la que ha dado indicios más significativos a favor de disminuir el tutelaje del Estado sobre la misma. Esto comenzó a finales de los ochenta, promoviendo la descentralización política de las regiones en función de elegir a los gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales, lo que sin duda fue un gran paso para profundizar la democracia en nuestro país, quedó pendiente, y aún continua, la mayor autonomía de las regiones y los municipios en relación a los recursos financieros, los cuales aún están férreamente centralizados y repartidos a través de un sistema arcaico denominado "Situado Constitucional" en el cual el Gobierno central se queda con el 80% de los ingresos fiscales, para mantener una burocracia estatal exagerada e ineficiente. Sin embargo y de acuerdo al pacto de gobernabilidad suscrito el domingo anterior por los diferentes actores de la sociedad, se pueden dar importantes pasos en la distribución más equitativa de estos recursos.

Otro aspecto a considerar y contenido en el referido pacto, es la disminución del perverso sistema presidencialista entronizado en nuestro país desde los mismos inicios de nuestra República como nación independiente y lo que motivó, por casi 100 años, la lucha continua, sin importar los medios, por el poder en Venezuela. Lucha de caudillos.

Quizás la más importante evidencia de la sociedad a favor de un cambio de modelo fue la victoria del Presidente Chávez en 1998, quien ofreció transformar al país a través de una Asamblea Constituyente, pero lo que finalmente consiguió fue atornillar el modelo que precisamente esos electores repudiaban, por eso es que está a la puerta de un revocatorio.

¿De qué sirven los consejos de Planificación Municipal, las Asambleas de Ciudadanos y otros mecanismos de participación social en pro de mejoras de la comunidad contemplados en la Constitución Nacional, si al final la decisión la toma el todopoderoso Presidente de la República, quien es el que tiene los reales?

En los países de mayor desarrollo, estos mecanismos funcionan básicamente porque son los municipios los que recaudan los impuestos y en consecuencia tienen la suficiente autonomía financiera para desarrollar los proyectos que beneficien a la colectividad. Esto tiene una lógica indiscutible, ya que la gente vive en los municipios, no en los ministerios, ni en el Parlamento, ni mucho menos en la sede del Gobierno o en la residencia del gobernante de turno. En esos países difícilmente un ciudadano que vive en un caserío del interior del país culpa al Presidente o Primer Ministro o al Rey de la falta de algún servicio básico que está afectando en su comunidad, este ciudadano se queja es con el alcalde o el concejal que él eligió para atender estos problemas, porque sabe que son ellos los que administran los recursos obtenidos a través de los impuestos.

A cambio, este ciudadano ejerce la ciudadanía, esto es, paga sus impuestos, paga los servicios públicos, evita ensuciar el entorno donde habita, cuida los parques y jardines de la ciudad y colabora con las autoridades en el mantenimiento del orden público.

En ese sentido el individuo comprende que él tiene responsabilidades con la sociedad en la que convive, por lo que debe forjarse una forma de vida que no se convierta en una carga para esa sociedad, entonces, el Estado debe garantizarle las condiciones necesarias para que pueda desarrollar esa forma de vida dentro de un marco legal y de libertades que le permita desarrollarlo, lo que no debe interpretarse que deba darle empleo, exonerarlo del pago de impuestos y de los servicios básico, así como del pago y la contribución al sistema de seguridad social establecido.

Estos modelos políticos privilegian el esfuerzo personal y le garantizan derechos individuales, ahora globalizados, por otra razón lógica irrefutable: el que al final paga los impuestos es el individuo, la persona natural o jurídica, no la sociedad como un ente unitario, esto implica que mientras la persona sea más productiva pagará más impuestos al Estado y ese Estado entonces depende del individuo para sobrevivir, por lo que al final se crea una sintonía de intereses entre ambos y los dos se fortalecen mutuamente.

La pregunta ahora es: ¿Está la sociedad venezolana, o más específicamente, el venezolano como individuo, en capacidad de enfrentar este cambio de paradigma y prescindir de la tutela del Estado socialista, protector y dadivoso, cuando la renta petrolera lo permita?

Sigue Parte II
















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