"El excremento del diablo" fue el calificativo que hace casi tres décadas le dio Juan Pablo Pérez Alfonzo al petróleo, por las consecuencias terribles que este recurso podía generar si no era bien concebida su forma de utilización y la manera en que este activo material pudiera impactar la economía de nuestro país.

LOS PAÍSES PETROLEROS CON CORRUPCIÓN ENDÉMICA

A la mente nos vino esta expresión del padre de la Opep, que estigmatizó para siempre en Venezuela a los hidrocarburos, cuando leímos el informe de la Fundation Heritage, que junto con la publicación The Walt Street Journal realizan todo los años el Índice de Libertad Económica, el cual, en su edición 2005, sitúa a Venezuela en los últimos lugares en el ranking de naciones con mayor corrupción "endémica y en donde se producen mayores pérdidas de fondos públicos que en vez de destinarse a salud y educación se desvían a intereses particulares".

El informe de la Fundation Heritage indica que "un grupo de países productores y exportadores de petróleo aparecen especialmente destacados entre los que obtuvieron los peores puntos. Venezuela, Angola, Azerbaiján, Chad, Ecuador, Indonesia, Irán, Irak, Sudán, Kazajistán, Nigeria y Yemen son naciones en donde las contrataciones públicas en el sector petrolero mueven cantidades de fondos públicos que terminan en el bolsillo de ejecutivos privados, intermediarios y funcionarios de los gobiernos". Nuestro país aparece en el puesto 114 de 146 países analizados, con una puntuación de 2,3 en una escala del 1 al 10.

¿SE REPETIRÁ EL ERROR?

Según algunos expertos, se estima entre 400 a 500 mil millones de dólares los ingresos fiscales provenientes del negocio de los hidrocarburos que recibirá la nación en los próximos 25 años. Este cálculo se hace en atención al gran incremento de la demanda mundial de crudo, lo cual irá aparejado de un aumento de nuestros volúmenes de exportación para satisfacer este aumento del consumo, al tiempo que se pronostica un escenario de precios del barril con tendencia al alza para los próximos años.

En este sentido cabe hacerse tres preguntas cruciales. Primera: ¿Se escaparán también estos nuevos ingresos en una masiva fuga de capitales como sucedió entre 1974 y el 2003, de lo cual dan cuenta los más de 150 mil millones de dólares que existen depositados en el exterior en cuentas bancarias privadas, cuyos titulares son un pequeño grupo de venezolanos? Segunda: ¿Continuaremos aumentando nuestro endeudamiento público externo e interno y el servicio de estas obligaciones que en el presupuesto del 2004 constituyeron el 80% del ingreso fiscal petrolero y que en el del 2005 constituye el 60% de estos ingresos, continuará siendo la vía mediante la cual se seguirá transfiriendo de forma neta los recursos que se suponen de todos los venezolanos a los bolsillos de las personas más acaudaladas de Venezuela y el mundo como son los banqueros y otros acreedores de la deuda de la República? Tercera: ¿Seguirán recibiendo los gobiernos de turno sus ingresos en dólares y para financiar su déficit fiscal seguirán devaluando nuestra moneda hasta hacerla desaparecer arruinando el poder adquisitivo de los salarios y los ahorros en moneda nacional? En otras palabras ¿Nos volverá a suceder lo mismo?, ¿Cometeremos el mismo error?

LOS LLAMADOS PETRO- ESTADOS

Venezuela es un Petro-Estado, es decir, el sector estatal es el dueño de los yacimientos petrolíferos y gasíferos de la nación y además es propietario de la industria y el negocio petrolero. Este modelo ha generado enormes distorsiones en nuestra sociedad, sobre todo desde 1975 cuando se decidió estatizar el negocio de los hidrocarburos. Bien lo dijo en su visita a nuestro país el profesor de Harvard, Richard Pipes, gran conocedor de las experiencias y del desempeño económico de las naciones pertenecientes al desaparecido bloque soviético: "Si el Gobierno es el propietario de la riqueza, controlará a la gente".

Todos los estudios que se han hecho en el país sobre el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y en relación al empobrecimiento masivo que ha experimentado nuestra sociedad, coinciden en señalar que la caída del ingreso per cápita y el aumento de la pobreza se ubican a partir del momento en que el Estado se apropió de los recursos petroleros y su industria. Economistas muy serios, entre ellos Asdrúbal Baptista, afirman con cifras en la mano que Venezuela tiene aproximadamente 26 años en caída económica, es decir, casi el mismo tiempo que tiene el negocio de los hidrocarburos en manos de los gobiernos de turno.

LOS DIFERENTES TIPOS DE ESTADO

Adam Smith, uno de los fundadores de la economía clásica, hablaba de los llamados "Estados Propios" y los "Estados Impropios". Los primeros son aquellos en donde los recursos de una nación están en manos de la sociedad y sus ciudadanos y éstos pagan impuestos al Estado por acceder a ellos y convertirlos en riqueza. Los segundos son aquellos en donde los recursos de una nación son confiscados de manera monopólica por el Estado para su provecho particular. La sociedad y sus ciudadanos sólo reciben de estos recursos lo que el sector estatal distribuye de manera discrecional. Es decir, las migajas. Los Petro-Estados como Venezuela, entran en la segunda categoría antes referida. El Estado venezolano se apropia del petróleo, que es el principal recurso del país y lo distribuye en la sociedad a su real saber y entender.

Esta situación hace que el Estado no tenga que vivir de la riqueza que produce una sociedad y de los impuestos que paga la gente, por lo que a los gobiernos de turno en Venezuela no les importa mucho la gente ni la suerte de sus ciudadanos. Por eso hemos visto en los últimos 26 años cómo el sector público al tener en sus manos a Pdvsa y por ende el control del 80% de los dólares que produce la economía del país, decidió empobrecernos sistemáticamente devaluando la moneda de manera reiterada para financiar su déficit fiscal.

En todos los países civilizados y realmente democráticos del mundo, los Estados viven de la riqueza que producen sus ciudadanos, a través del cobro de tributos. Por esta vía, la población, al sufragar con su esfuerzo los gastos de funcionamiento del aparato estatal, puede ejercer un control sobre el desempeño de sus gobernantes. Pero cuando el Estado no depende de sus ciudadanos y los gobiernos son los propietarios de la riqueza de la nación se desarrolla una suerte de autonomía funcional respecto de la sociedad. En esta circunstancia, tarde o temprano este Estado y sus gobiernos se convierten en un azote para los ciudadanos y para la sociedad. Aparece aquí el flagelo de la corrupción como consecuencia del manejo poco trasparente de los recursos y de los ingresos de que disponen los gobiernos de turno.

En condiciones como las anteriores, las prácticas ilícitas y corruptas que pueden producirse en cualquier parte del mundo no constituyen hechos aislados sino que conforman todo un entramado funcional y orgánico a través del cual se realizan las transacciones económicas en un determinado país por lo que sin la corrupción no funciona nada. No se trata de la corrupción dentro del sistema, sino que la corrupción es el sistema. De esta forma el fenómeno de los ilícitos administrativos, el peculado y el poder para adjudicar discrecionalmente privilegios financieros y comerciales a grupos influyentes y de presión, se convierte en una característica sistémica inherente a los Petro-Estados.

Estas prácticas son altamente empobrecedoras, ya que la corrupción como sistema encarece tremendamente los costos de transacción en las operaciones económicas y hace que los agentes productivos generen ineficiencias y pierdan capacidad competitiva, lo que al final pagan los consumidores al adquirir productos costosos y de baja calidad.

Por eso, cualquier reforma política, económica e institucional que se quiera echar adelante en Venezuela, debe quitarle el control de los ingresos petroleros al Estado venezolano y procurar que la riqueza que produce el negocio de los hidrocarburos llegue directamente a la sociedad y a sus ciudadanos, sus legítimos dueños. Esa es la verdadera revolución que hay que hacer en nuestro país. Convertir a Venezuela en un país de propietarios y beneficiarios directos de nuestra industria petrolera, es decir, un Estado propio.

"PROPIEDAD Y POSESIÓN A LOS CIUDADANOS QUE LAS PIDAN"

Ya desde 1829 el Libertador Simón Bolívar, en un decreto fechado en octubre de ese año, consagraba que "conforme a las leyes, las minas de cualquiera clase corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas...".

Este decreto del Padre de la Patria tiene una clara influencia proveniente de las ideas de la ilustración y de los enciclopedistas franceses de finales del Siglo XVIII. La riqueza del subsuelo, es decir las minas, según lo consagraba el derecho hispánico fundamentado en los códigos monárquicos de la casa real de los Habsburgo, era propiedad del soberano, pero en la monarquía el soberano es el Rey o el Monarca.

La revolución francesa modifica estos derechos nobiliarios y erradica los privilegios patrimoniales, tanto de la monarquía y el clero.