El
verdadero cambio revolucionario empezará al devolver, individual y directamente, a todos y cada uno de los ciudadanos, el
poder y la riqueza que los gobiernos ilimitados concentraron en unos pocos políticos populistas, serviles funcionarios
prepotentes y corruptos entornos privilegiados. Cambiar una oligarquía estatista por otra, es lo mismo que no cambiar nada
en realidad.
El estatismo siempre ha concentrado la riqueza y el poder en el Estado por medio de gobiernos
ilimitados, empobreciendo, debilitando y haciendo profundamente dependiente a la población ante el poder del Gobierno.
El Objetivo del programa del Movimiento Liberal Venezolano es transferir
la riqueza y el poder del Estado a la población, haciendo a los gobiernos limitados y controlados servidores de la
población.
EL SISTEMA DE GOBIERNO
Cada país tiene un sistema de Gobierno, que se expresa en el ordenamiento jurídico definido por la Constitución, las
leyes y otras normas de obligatorio cumplimiento.
Básicamente hay dos grandes sistemas generales: El estatismo servil que es el predominio abusivo del Gobierno, en
nombre del Estado; y su opuesto: El capitalismo popular, o sistema liberal de Gobierno limitado, garantiza
el reconocimiento y protección por el Estado para los derechos individuales a la vida, libertad y propiedad, de
todos y cada uno.
Lo que Venezuela ha tenido en la casi totalidad de su historia es estatismo servil, antiguamente
mercantilista y modernamente socialista. Todas las formas de estatismo aplicadas en Venezuela han fracasado.
Lo que tiene ahora es neo-izquierdismo político y neo-comunismo económico, una forma nueva de
socialismo radical del siglo XXI, que es el estatismo llevado al extremo.
Lo que Venezuela necesita es lo opuesto: Liberalismo autentico en lo político y capitalismo popular en lo
económico. Esto es el Gobierno limitado. Única salida hacia el orden y la justicia, el progreso, la prosperidad y
el bienestar generales.
Venezuela requiere:
Un nuevo ordenamiento jurídico que al reconocer y consagrar plenamente los derechos naturales de los individuos,
exprese la naturaleza y garantice el perfeccionamiento del orden espontáneo civilizado, consagrando el nuevo sistema liberal,
republicano y federal, de Gobierno.
Y un movimiento político liberal unificado que promueva, impulse y oriente un proceso de transición
civilizado, legal y democrático, del estatismo al liberalismo, asumiendo su defensa y conservación una vez adoptado.
LAS TRES CARAS DEL ESTATISMO
El mercantilismo es el estatismo antiguo
que copia la forma (pero rechaza el fondo) del capitalismo. Concentrando el capital, mediante privilegios, en provecho exclusivo
de sectores económicos serviles, dependientes del poder político.
El socialismo (similar al mercantilismo) es la concentración
del capital en el Estado, y su usufructo en provecho de los grupos políticos dominantes. Pero hace menos uso de las
“formas” del neo-mercantilismo según su grado de radicalismo.
El “neo” liberalismo es la continuación del socialismo
por otros medios. Es el tipo de socialismo más cercano al mercantilismo y prevaleció a finales del siglo
pasado.
El liberalismo es el capitalismo popular para todos, sin restricciones
ni privilegios.
En Venezuela no se conoce el liberalismo. Siglos de excesos, abusos
y estragos del mercantilismo antiguo y moderno, y del socialismo -cada vez peores-, nos trajeron ahora como reacción el neo-socialismo
radical. Un remedio que termina por ocasionar más males de los que remedia. Igual de malo o peor que la enfermedad cuya cura
vanamente pretende.
LOS TRES VICIOS DEL ESTATISMO
1. En lo político: Gobierno ilimitado, con demasiadas
funciones, impropias de su naturaleza. Aunque es incapaz de cumplirlas. En el intento usurpa infinidad de poderes. Y se apropia
de enormes cantidades de recursos mediante regulaciones, inflaciones y devaluaciones, impuestos, monopolios y apropiación
directa de activos públicos. Al someter nuestras libertades nos esclaviza. Al tomar nuestros recursos nos empobrece.
2. En lo económico: Mercados cerrados a la competencia
libre competencia, regulados fuertemente por el poder político y en consecuencia dominados por el privilegio, la corrupción,
la discriminación creada desde el estatismo, con los artificialmente altos costos de la legalidad, y la
precariedad de la propiedad.
3. En lo social y cultural: Instituciones privadas dependientes
del Estado y tuteladas por el gobierno.
LAS TRES LIBERACIONES
Liberar a Venezuela de esos tres terribles vicios implica la
aplicación de tres principios del liberalismo:
1. En lo político, Gobiernos limitados.
Que nos liberan de la posibilidad misma de la tiranía.
2. En lo económico, mercados libres.
Que nos liberan de la pobreza, la arbitrariedad y la dependencia.
3. En lo social y cultural, instituciones privadas separadas
del Estado. Que nos liberan de la imposición del pensamiento único colectivista, el adoctrinamiento y la
dominación cultural de quien controle el Estado.
El principio del Gobierno Limitado, por el que
el Liberalismo se conoció en el pasado como Doctrina del Gobierno limitado, y de la libertad personal, que es su resultado.
Cuando el gobierno deja de ser limitado tiende a transformar a los ciudadanos libres, en siervos del Estado, por lo
que las doctrinas que sostienen tales gobiernos son doctrinas serviles, de diferentes grados y tipos, mientras que
la doctrina que se opone a todas estas, es la doctrina liberal.
El principio de los mercados libres, y con ello
eficientes y productivos, en los que los esfuerzos son remunerados con ingresos
sólidos, lo que construye una sociedad prospera con amplia capacidad adquisitiva. Eliminado el Estado multipropósito, enorme
y gastador, los mercados libres pueden sostener empresas rentables -manufactureras, agropecuarias o de servicios-,
sin necesidad de subsidios, protecciones ni privilegios y arbitrariedades.
El principio de la libertad personal, requiere
en lo social y cultural, sólidas instituciones privadas: familias, empresas, gremios, medios de comunicación, escuelas, clínicas,
entes de previsión, iglesias y otras asociaciones voluntarias, que sin la dependencia tutelar y dominio de los Gobiernos,
pueden desarrollarse vigorosas y autónomas, en el contexto de una economía próspera.
¿PARA QUÉ GOBIERNO? ¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES?
El Gobierno es el monopolio legal de la fuerza
que actúa en representación del Estado, ejerciendo sus poderes, administrando sus recursos y cumpliendo sus objetivos. Por
consiguiente, es un ente de naturaleza represiva, y la sociedad únicamente necesita Gobierno para todo aquello
que requiere el empleo de la fuerza o la coacción: hacer la guerra, perseguir el crimen y juzgarlo, y recolectar impuestos
suficientes para pagar estas funciones. Tales son sus funciones propias y naturales. Nada menos y nada más.
El gobierno existe para ser soldado y policía, diplomático, juez
y oficial de justicia.
Y en tanto se completa la transición del estatismo al liberalismo, para
usar la fuerza del Estado, y sus recursos, en dignificar a los ciudadanos a los que el estatismo servil empobreció hasta
el punto en que no podrían, sin apoyo solidario, insertarse en un sistema liberal de capitalismo popular, y alcanzar la prosperidad
por sus propios medios.
A tal efecto, el gobierno liberal deberá usar cupones de atención educativa,
médica, aseguradora y previsional, equivalentes a dinero y reembolsables a las instituciones privadas que presten los servicios,
subsidiando la demanda cuando sea indispensable para garantizar la inclusión plena de todos los ciudadanos en el capitalismo
liberal, pero sin subsidiar la oferta por medio de instituciones estatales ajenas a su naturaleza, y por ende, inevitablemente
ineficientes y corruptas.
Y atender por similares medios, en la fase inicial de la
transición, a las victimas extremas del estatismo empobrecedor, con apoyo temporal integral, o suplementario, en habitación,
alimentación, atención medica, y asistencia ocupacional, hasta garantizar la digna integración de todos los ciudadanos
en el capitalismo popular.
La producción y comercialización de bienes y servicios, así como todas
las actividades humanas, que no sean represivas, y en general no requieren fuerza. No necesitan Gobierno, a menos que algún
crimen o estafa requiera la intervención de los jueces.
LOS TRES LIMITES DEL GOBIERNO LIBERAL
Un Gobierno liberal tiene limites de tres órdenes:
1- Es limitado en Funciones.
2- Es limitado en Poderes y atribuciones.
3- Es limitado en Recursos y Gastos.
Con menos funciones -limitadas a las defensivas, represivas y judiciales-,
los Gobiernos tienen:
Menos poderes y atribuciones. Y los ciudadanos más libertad.
Menos recursos y gastos. Y los ciudadanos más recursos y oportunidades.
Y en la medida en que los gobiernos ocupan menos recursos, cumplen más
eficientemente sus limitadas funciones, garantizan a los ciudadanos más seguridad personal, paz social y producen más riqueza.
LA CAUSA DE LA POBREZA ES LA CONCENTRACIÓN DE PODER
Pobreza y desigualdad económica son cosas diferentes:
La pobreza sí tiene remedio: la producción y la acumulación
de capital a largo plazo. En el corto plazo, aquellos que han perdido la capacidad de producir lo suficiente para mantenerse
deben por necesidad recurrir a la solidaridad privada y voluntaria, la cual es perfectamente capaz de atender a los desposeídos
siempre y cuando estos sean una parte pequeña de la sociedad, no su inmensa mayoría. Cuando casi
todos somos pobres, es señal de que el sistema de Gobierno es malo por lo que cambiarlo es la única cura.
Las medidas gubernamentales liberales para remediar la pobreza causada
por el estatismo están inspiradas en la justicia. Porque la pobreza, en la Venezuela de hoy, es la condición
material a la que han sido sometidas las victimas inocentes del estatismo, para remediar la pobreza, en la transición
al liberalismo, se requiere usar recursos del Estado en resarcir a las victimas del estatismo dignificando
a todos los ciudadanos e integrándolos al capitalismo popular para que estén en condiciones de alcanzar la prosperidad por
sus propios medios. Las medidas gubernamentales estatistas que en lugar de remediar
la pobreza, intentan atacar la desigualdad económica, están inspiradas en la
envidia, un bajo sentimiento que no debe ser inspirador de políticas y medidas de Gobierno. La desigualdad no es remediable
por la acción del gobierno y todos los intentos estatistas de remediarla incrementan la pobreza, pues mientras más
serviles son las sociedades, más está concentrada la riqueza y los privilegios en las pocas manos que manejan el poder.
El exceso y diversidad de funciones atribuidas a los Gobiernos es uno
de los factores que les impide cumplir siquiera alguna de real interés público. Porque con la excusa de cumplir todas las
que se arroga, despojan a las personas de:
Poderes y atribuciones que nos corresponden, con lo que reducen nuestra
libertad, en los campos económico, político, civil y cultural.
Ingentes recursos (como los provenientes del petróleo y demás recursos naturales) y otros impuestos,
visibles (a las personas, capitales y actividades) y ocultos (inflación, devaluación y “permisología”)
La concentración de poder y de riqueza en quines manejan el gobierno, causa la falta de libertad, y esta es la causa
real de la pobreza. Por ende, se debe transferir el poder y la riqueza usurpada
y concentrada por el Estado, a través de los gobiernos mercantilistas y socialistas, a todos y cada uno de los ciudadanos
a fin eliminar las instituciones políticas y económicas del estatismo servil
que son la causa de la pobreza masiva.
LA CONCENTRACIÓN DE PODER TAMBIÉN CAUSA CORRUPCIÓN
El
despojo masivo a cargo del Estado es causa de la interminable serie de corruptelas, consecuencias inevitables del estatismo.
La corrupción generalizada es efecto de la concentración en el Estado de poder, y por consiguiente de inmensos recursos,
cuya vigilancia se hace imposible, con lo que el despilfarro y uso deshonesto se hacen regla. Es irreal esperar otra cosa en Gobiernos ilimitados. Sólo en un Gobierno
limitado la corrupción será limitada y quedará sujeta realmente al castigo judicial.
LEYES MALAS
Un Programa de transición del estatismo al liberalismo es, principalmente,
una Agenda de Leyes a ser derogadas. Hablamos de un programa esencialmente Legislativo, porque sólo puede derogar una Ley
quien tiene facultad para dictarla.
La mayoría de las leyes presentes son malas, porque son expresión
del estatismo. No son generales sino particulares -una para cada sector, actividad o categoría-, e impiden
la libertad y a la prosperidad de las personas. Hay que derogarlas.
Leyes malas son las que:
Atribuyen al Estado y sus funcionarios las más nobles y elevadas
intenciones. Y una multiplicidad de funciones impropias, para el supuesto cumplimiento de las cuales, depositan
en sus manos toda clase de facultades, derechos, medios, arbitrios y recursos, concentrando el poder y la riqueza en manos
de los funcionarios.
Y atribuyen a los particulares las peores y más nefastas intenciones,
imponiendo prohibiciones, limitaciones y restricciones, y exigiendo inspecciones, supervisiones, controles, en los que se
nos somete a maltratos indignos de la condición humana de todos, y cada uno, los ciudadanos, entre los que destacan las perdidas
de horas interminables, en tramites obligatorias frente a una administración mayoritariamente incapaz, corrupta y prepotente,
en todos sus niveles e instancias.
SOLUCIÓN: DEJAR LIBRES LAS FUENTES DE RIQUEZA Y DESARROLLO PERSONAL
Las leyes malas tienen tres clases de efectos negativos y destructivos
sobre los esfuerzos privados:
1- Muchos son desalentados y abortados antes de comenzar.
2- Otros son entrabados castigados y encarecidos, disminuyendo su provecho
y crecimiento.
3- Otros compran impunidad a los funcionarios, generando muy rentables
corruptelas y nichos monopólicos.
El remedio es la derogación de las leyes malas
-incluyendo las malas reformas de leyes buenas- y la legislación de buenos Códigos, de carácter general, aplicables
por igual a todos los casos futuros, garantes de los derechos naturales de los individuos, y sobre todo, expresión
y garantía jurídica de la naturaleza y vigencia del orden espontáneo civilizado.
Lo que necesitamos son Códigos: Civil, Comercial, Penal y de Procedimientos.
Leyes generales, respetuosas de la iniciativa individual, propiedad privada, y acceso abierto en los mercados, sin monopolios,
subsidios ni otros privilegios. Que consagren una amplia libertad de contratación para las personas y empresas, permitiendo
el desarrollo de negociaciones y acuerdos voluntarios, tan favorables a las partes como al conjunto de la sociedad. Algo de
eso tuvimos en el pasado, principalmente en el campo de lo mercantil, y es posible recuperar haciéndolo hoy mucho mejor que
entonces.
LAS TRES FUNCIONES DEL GOBIERNO LIBERAL
Cumplir los tres fines del Estado:
1. Defensa de la vida, libertad individual y
propiedad privada.
2. Administración de Justicia. (Consecuencia de la
anterior).
3. Obras Públicas. (Cuarteles, cárceles, comisarías,
tribunales; como complemento de la anterior)
Estado y Gobiernos no pueden ser legítimamente propietarios del
territorio, mucho menos de la población del país, que debe ser considerada como un grupo de ciudadanos libres
y responsables, no de siervos tutelados.
ENSEÑANZA, ATENCIÓN MÉDICA Y PREVISIÓN MEDIANTE CUPONES VERDES
Entendemos que enseñar, practicar la medicina y ofertar contratos de
seguro y previsión no son funciones naturales del Estado, pues no son asuntos de naturaleza represiva.
Pero entendemos también que, como consecuencia de décadas de
estatismo creciente, hay demasiadas victimas del estatismo en situación de pobreza material, extrema en muchos caos, que,
durante el proceso de transición de estatismo al liberalismo, requieren de atención y apoyo, por la fuerza de un gobierno
liberal, que las dignifique, apoyándolas con recursos públicos, para alcanzar condiciones mínimas que les permitan participar
productivamente en el capitalismo popular y mejorar su condición por su propio esfuerzo. Sin duda la economía de
libre mercado va a permitir el enriquecimiento de muchísimos ciudadanos que hoy son victimas empobrecidas del estatismo. Y
llegando a ser muchos menos los ciudadanos en situación involuntaria de pobreza material, la solidaridad voluntaria privada
llegaría, previsiblemente, a ser efectiva para apoyarlos en el esfuerzo de alcanzar condiciones que les permitan insertarse
productivamente en el capitalismo popular.
Pero tal aspiración es imposible mientras la sociedad presenta la forma
de una pirámide o triángulo de amplia y numerosísima base personas empobrecidas por el estatismo servil, y una escaso numero
de personas enriquecidas, unas por su trabajo, y otras de forma ilegitima, por el tráfico de privilegios del estatismo.
Nuestro objetivo es que la sociedad pase gradualmente a presentar la
forma de un rombo, con un ínfimo número de personas en situación de pobreza relativa, por razones diversas, que puedan ser
ayudadas e integradas a la prosperidad general de la sociedad, por la solidaridad voluntaria de sus conciudadanos. Una ancha,
y abrumadoramente mayoritaria, franja media, de personas razonablemente enriquecidas y prosperas, disfrutando de condiciones
materiales excelentes, producto de su propio esfuerzo. Y algunos menos, los más talentosos en asuntos mercantiles, mucho más
ricos, pero no por su cercanía al poder político, sino por su superior eficiencia y esfuerzo en proveer bienes y servicios
que la gente libremente demanda. Tan esquema es fuente de estabilidad y progreso económico, político, cultural, y moral.
LA GRAN TRANSFERENCIA
La transición del estatismo al liberalismo es una gran transferencia
de poder del Estado a la Población, y requiere una gran transferencia de activos mercantiles del Estado a la Población.
Tanto para capitalizar una ciudadanía descapitalizada, como para retirar al gobierno de actividades que no son propias de
su naturaleza y objetivos.
La privatización popular consistirá principalmente en eliminar todas las fuentes del
privilegio estatista, tanto al distribuir de forma universal y directa, no menos de la mitad de los activos mercantiles del
Estado entre la población, mediante acciones plenamente negociables, y otros títulos de propiedad individuales, y liquidar
en subasta el otro 50% para el pago de la totalidad de las deudas de los gobiernos. Como con
la eliminación de las agencias del poder ejecutivo que usurpan la función judicial y están dedicadas a la perpetuación del
privilegio y la desigualdad ante la Ley.
En tanto las tres liberaciones y la gran transferencia permiten que
el número de víctimas materiales del estatismo empobrecedor se reduzca al mínimo que la solidaridad voluntaria de una sociedad
enriquecida pueda dignificar, será necesario, el subsidio estatal temporal y complementario de la demanda básica de estos
tres servicios: Enseñanza, atención médica, aseguradora y previsional. En instituciones privadas. Y mediante cupones reembolsables
a las instituciones prestatarias -escuelas, clínicas, aseguradoras y/o entes de previsión
privados-, entregados por los funcionarios estatales, a fin de pagar sus consumos.
Así se eliminará la odiosa discriminación que hay ahora, entre
los buenos servicios privados para quienes pueden pagarlos, y los malos servicios estatales para el resto.
De forma permanente se creara un sistema de transferencia, del
recurso de la la regalía petrolera (pagada por una industria petrolera que sea propiedad accionaria real de
todos los venezolanos) a cuentas individuales de toda la población para un gasto básico de seguro médico,
o salud prepagada, y capitalización individual para el retiro, para todos los ciudadanos. En tal sistema, que al
ser igual para todos, será de mucho mayor importancia, como garantía de atención medica y vejez tranquila, para los
que tengan menores ingresos relativos, y en su funcionamiento no se emplearán recursos de los impuestos.
LOS 10 PUNTOS DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN
1. REFORMA DEL ESTADO, PRIVATIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SOBERANÍA
NACIONAL
Reforma de todo el ordenamiento jurídico, para eliminar el estatismo
y poner en plena vigencia el orden liberal, republicano y federal que reconozca y garantice los derechos naturales
inalienables de los ciudadanos a la vida, la libertad, la propiedad privada, y la libre expresión de la personalidad,
mediante un sistema de gobierno limitado.
En el orden constitucional:
Definición y limitación de las funciones estatales
a la defensa nacional, administración de Justicia, y recaudación de tributos limitados. Accesoriamente el financiamiento de
del gasto básico de seguro medico, o medicina pre-pagada, y capitalización individual para el retiro, mediante la transferencia
universal en cuentas personales de las regalías petroleras. Y la transferencia directa para, salud y educación de las victimas
del estatismo empobrecedor, mediante cupones verdes que les permitan acceder servicios privados de calidad en igualdad de
condiciones dignificando su condición de ciudadanos e insertándolos en el capitalismo popular en condiciones que les permitan
construir su prosperidad por sus propios medios.
Federalismo. Se debe garantizar la autonomía
legislativa y fiscal de los estados y municipios, dentro de los límites de sus funciones propias. El Estado en cumplimiento
de sus funciones naturales, actuará de preferencia a niveles regional, estadal y municipal. El gasto federal en las funciones
propias internas de Estado se debe regionalizar para que la mayoría de lo que se recauda en cada región se emplee localmente.
Reducción del Poder Ejecutivo nacional en sus Ministerios:
Defensa; Relaciones Exteriores; Justicia; Orden Público; Obras Públicas; Hacienda. (Los sistemas de cupones verdes deben ser
administrados localmente, y el sistema de transferencia y capitalización individual, en la medida en que la acción del Estado
Federal se limita a la transferencia de los recursos a las cuentas individuales, que cada cual seleccione en la institución
privada de su preferencia, es competencia del ministerio de Hacienda)
Limitación de los poderes y atribuciones estatales
a aquellas competencias y facultades estrictamente necesarias y ligadas al cumplimiento de sus funciones naturales, consistentes
con la plena vigencia de los derechos individuales a la vida, libertad, propiedad y libre expresión de la personalidad.
Limitación de los gastos estatales a lo estrictamente
necesario para satisfacer las funciones públicas; y nunca más allá de los sostenibles con una carga tributaria no
mayor al 10% de los ingresos personales gravables de los ciudadanos. Y a una carga tributaria federal, nunca superior
al 10%; y local nunca superior al 5% del ingreso gravable de las personas jurídicas. Prohibición constitucional de los impuestos
a las propiedades. Limitación constitucional del endeudamiento público total permitido a una cifra que nunca deberá
superar el 10% del ingreso fiscal. Necesidad de una votación calificada de dos tercios del poder legislativo federal,
para aprobar la contratación de deuda pública dentro del limite constitucional.
Prohibición constitucional del sistema de propiedad y/o administración
estatal de bancos, aseguradoras, empresas y recursos mercantiles de cualquier tipo, y de instalaciones, equipos
y activos destinados a la educación, atención médica, o a cualesquiera otra función impropia del Estado.
Reconocimiento y protección plena del derecho personal a la defensa
personal de vidas y propiedades en respuesta proporcional exclusivamente defensiva, limitada a neutralizar
la agresión criminal, pero nunca ante la presunción de la posibilidad de la misma. Y sin que el ejercicio del mismo sustituya
más que la ausencia temporal inmediata de los cuerpos policiales competentes, cuando ella ocurra.
En el orden legal:
Privatización popular de los recursos naturales comunes de todos
los ciudadanos, como el espacio radioeléctrico, o los yacimientos petroleros, mediante la transferencia
y titularización vitalicia individual de todos, y cada uno, de los ciudadanos.
Privatización popular regional de los recursos naturales geográficamente
localizados, como los derechos de pesca en el mar territorial y la zona económica exclusiva, mediante la
transferencia y titularización vitalicia individual de los ciudadanos de las regiones en que existan tales recursos.
Privatización popular de los activos mercantiles,
como la industria petrolera y demás empresas estatales hasta la mitad del valor de mercado de los activos mediante distribución
de acciones en la población; y venta en subasta de la otra mitad exclusivamente para pago de la deuda pública vigente y revisada.
En el orden internacional:
Recuperación unilateral de la soberanía territorial en materia
legislativa, revisando y derogando -completa o parcialmente- todas las leyes arbitrarias, irracionales e
injustas que los organismos internacionales han dictado y dictan a nuestros Gobiernos a título de Tratados, Acuerdos, Convenios,
Declaraciones y otros instrumentos internacionales suscritos en el pasado.
Mantenimiento de la soberanía nacional en materia legislativa
y judicial, tanto ante otros Estados, como ante instancias internacionales, que pretendan ser organismos
de alzada superiores al tribunal supremo, para los delitos cometidos en el territorio.
Declaración unilateral soberana de la invalidez absoluta, en
cualquier circunstancia, de la jurisdicción penal internacional, para juzgar tropas y oficiales venezolanos,
que en la defensa de la soberanía territorial, y de las vidas y los bienes de los ciudadanos, y de acuerdo con el ordenamiento
jurídico soberano, pudieran verse en la obligación de hacer la guerra, declarada o no, dentro o fuera del territorio nacional.
2. RECORTE DE IMPUESTOS, CESE AL ENDEUDAMIENTO Y PAGO DE LA DEUDA
PÚBLICA
En el orden tributario:
Impuestos dentro del límite constitucional
establecido a la carga tributaria; y cese al uso de la inflación monetaria como instrumento impositivo.
En el orden fiscal:
Pago de la deuda pública, laboral y financiera, interna y externa,
mediante el producto de la venta de activos privatizados.
Cese a la contratación de deuda pública
hasta que la actual baje del nivel constitucional permitido. Con la única excepción del gasto de guerra, durante la vigencia
del estado de guerra, declarada por el poder legislativo federal, de acuerdo con la norma constitucional que reglamente la
materia.
3. FIN DE LA INFLACIÓN, RECONQUISTA DE LA CAPACIDAD DE AHORRO DE LA POBLACIÓN
En el orden monetario y financiero:
Derogación del control de cambio y el curso legal
para la plena libertad monetaria y cambiaria indispensables para la protección del valor de los ahorros de los ciudadanos.
Diversificación de las reservas que respalden la emisión monetaria y
garantía permanente de rescate de la moneda emitida, en las reservas existentes, incluidas las metálicas, a las tasas fijadas
en la emisión.
Derogación de privilegios jurídicos y regulaciones especiales
de la banca, y adecuación plena de su operación a la igualdad ante la ley común para desarrollar un mercado
financiero no inflacionario.
Como resultado, es esperable una tendencia general hacia la deflación
-lo opuesto a inflación-; que es lo que les pasa a los precios, la mayor parte del tiempo, (si no se admiten interferencias
estatales sobre el mercado financiero con objetivos de incidir sobre los niveles generales de precios) una vez cesado el empleo
de la inflación para financiar los Gobiernos; con flexibilidad laboral, y los empresarios compitiendo por la mano de obra,
ofertando mejores salarios reales y condiciones de trabajo, pero conforme a su productividad y no a las leyes y decretos arbitrarios.
En el orden productivo:
El fortalecimiento del poder de compra, sumado a las privatizaciones
populares y desregulaciones, causará una muy saludable y enriquecedora explosión contractual y productiva. Con capitalización
y aumento de bienes y servicios, sin inflación ni devaluación. De esta manera el incremento inmediato en los ingresos
reales de las personas, familias y empresas es potencialmente real, viable y factible. Basta con completar integral y rápidamente
la transición del estatismo al liberalismo.
4. PRIVATIZACIÓN POPULAR Y PROPIEDAD PRIVADA
En el orden de transferencia de activos y el derecho de propiedad:
1- Privatización Popular de los activos mercantiles del Estado
(principalmente empresas) por transferencia directa universal de acciones individuales a todos los ciudadanos, representando
la mitad del valor de las mismas, y subasta del 50% restante exclusivamente para el pago de deuda gubernamental.
2- Privatización Popular del petróleo en el subsuelo,
mediante la transferencia de la regalía petrolera a un sistema universal de cuentas de capitalización individual privado y
competitivo para el financiamiento básico de seguros de salud, o medicina prepagada, y cuentas de capitalización individual
para retiro.
3- Privatización Popular de los recursos naturales
por medio de la titularización individual de su propiedad a todos los ciudadanos, generando mercados privados de derechos
de uso de recursos como el espacio radioeléctrico.
4- Titularización de tierras urbanas y rurales ocupadas productivamente,
simplificación de mecanismos razonables de ocupación útil y titularización rápida de baldíos, y protección de la propiedad
privada de la tierra.
5- Privatización de universidades, liceos, escuelas, hospitales,
centros culturales, deportivos y recreativos de propiedad estatal, entre oferentes con experiencia en la exitosa administración
de tales organismos, y con opción de ofertar para sus presentes administradores, empleados y trabajadores,
si se organizaran para tal fin; previo finiquito a toda suerte de deuda pendiente, vigente y revisada, al personal mencionado,
y uso del 100% de los recursos recaudados en el pago de deuda pública.
5. EDUCACIÓN, MEDICINA Y PREVISIÓN DE PRIMERA PARA TODOS
En el orden de la Educación, Atención Médica y Previsión:
Desregulación de la oferta en educación, medicina, seguros y
previsión, con autonomía plena de los entes y centros prestatarios, como lógica y eficiente vía de mejorar
su calidad.
Financiamiento estatal de la demanda, limitado
al sistema universal de trasferencia de la regalía petrolera para el gasto básico de seguro de salud, o medicina pre-pagada
y capitalización para retiro. Y financiamiento adicional de la demanda de los ciudadanos empobrecidos por el estatismo servil,
para garantizar su acceso en igualdad de condiciones, a los servicios de educación en las instituciones privadas y
privatizadas, mediante cupones verdes.
Financiamiento y supervisión federal de un sistema mixto de
emergencia, rescate y reinserción productiva, por medio del soporte temporal: habitacional, alimentario, medico y ocupacional,
a las victimas extremas del estatismo empobrecedor, que garantice completar en la transición del estatismo al liberalismo,
el rescate, dignificación y reinserción productiva del creciente número de los ciudadanos de toda edad, en situación de pobreza
extrema, indigencia y abandono.
6. MÁS EMPLEO PRODUCTIVO, RIQUEZA Y BIENESTAR PARA TODOS
El incremento inmediato en el número de empleos productivos,
el crecimiento del capital invertido por trabajador empleado, y por ende de la productividad, con el consecuente aumento en
los salarios reales sin necesidad de aumentar los nominales, y la prosperidad general, no sería más una promesa demagógica.
Es factible, pero únicamente dentro de un sistema liberal, que favorece ampliamente a los trabadores a través de la desregulación:
libre mercado y competencia abierta.
En el orden del trabajo y las actividades profesionales, empresariales
y económicas:
Derogación inmediata de la legislación que limita las libertades laborales, profesionales, empresariales
y económicas. Y en general, desregulación de las libertades personales y de las instituciones privadas.
En el orden de la desregulación y simplificación de la administración pública:
De enorme impacto en la productividad de la economía, la reducción
de los costos en horas hombre, desperdiciados en el cumplimiento de tramites excesivos y costosos, ante una administración
mayoritariamente incapaz, corrupta y prepotente, inútil y regresivo impuesto a las personas, han de perseguirse
en todos los niveles del gobierno, pero muy especialmente en el municipal, que es el que hoy ocasiona mayores costos regresivos
a empresas y ciudadanos. Es indispensable establecer por ley, la unificación, simplificación y limitación de los tributos
y tasas locales dentro de cada municipio, en el marco de un proceso de desregulación e inversión de la carga de la prueba
en las regulaciones municipales en materia de urbanismo, junto con la simplificación de procedimientos, la amplia desregulación
en el ámbito municipal, estadal y federal, y concentración de la administración en sus funciones propias. Poniendo fin,
en todos los niveles de la administración pública, a los maltratos indignos de la condición humana de todos, y cada uno, los
ciudadanos, entre los que destacan las perdidas de horas interminables, en tramites
obligatorias frente a una administración mayoritariamente incapaz, corrupta y prepotente, en todos sus niveles e instancias.
7. LIBERTADES PERSONALES E INDEPENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS
En el orden de las libertades personales, iniciativa y autonomía
de las instituciones privadas:
Desregulación generalizada y derogación inmediata de las leyes,
reglamentos y normas, que crean monopolios y oligopolios artificiales producto de la protección estatal
contra la competencia, atentando así contra las familias, empresas, gremios, medios de comunicación, escuelas, clínicas, entes
de previsión, iglesias y otras asociaciones voluntarias.
En el orden de los gremios y asociaciones profesionales:
Serán reconocidos, como entes del derecho privado, en sus funciones
naturales, como certificadores públicos de calificación profesional; centros de capacitación profesional; de intermediación
en el mercado laboral (bolsa de trabajo); y agentes de previsión para sus asociados y familiares, pero sin limitar el acceso
al mercado a los no certificados y/o agremiados, que como tales se presenten al publico, ni pretender forma alguna de monopolio
gremial amparado por la legislación.
En el orden de la libertad de expresión, redes informáticas y
medios de comunicación radioeléctricos:
Prohibición de cualquier tipo de licencia, título, examen, o
certificación como requisito para ejercer el derecho humano fundamental a la libertad de buscar, procesar y distribuir información
de todos, y cada uno, de los ciudadanos.
No-interferencia gubernamental especifica, ni leyes especiales, para
las redes informáticas, dirimiendo los jueces los conflictos civiles y mercantiles, o los delitos penales, que en su malicioso
empleo se cometan, con la orientación de los códigos generales, y la recta interpretación judicial de las normas deducibles
del orden natural subyacente.
Derogación del todo el sistema de licencias y al mismo tiempo de las
leyes coactivas y represivas.
Privatización Popular del espacio radioeléctrico y asignación
de frecuencias por medio del alquiler de los derechos de transmisión.
Derogación de la regulación de contenidos de los medios de comunicación
de todo tipo.
Derogación de los delitos penales de opinión y de la protección
a la supuesta “majestad” de los funcionarios públicos de todo nivel.
La abierta competencia traerá la variedad y diversidad que todos esperamos,
pudiendo cada cual escoger los contenidos de su preferencia sin intromisión estatal.
En el orden de los partidos y asociaciones políticas:
Eliminación de leyes restrictivas, interventoras,
y plena libertad para su constitución, organización, normativa interna, y actividades, diferentes, particulares y correspondientes
a sus diferentes doctrinas y principios.
Mecanismos administrativos simples, rápidos, y responsables de postulación
de candidatos, con fianzas razonables y indemnización a la administración electoral en caso de votación ínfima.
Independencia real de las organizaciones políticas del presupuesto
público y la regulación gubernamental de sus asuntos internos, con cese a los subsidios y a los controles.
Supervisión abierta y transparente (con supervisión por
los candidatos y sus organizaciones) de los procesos electorales en todas sus fases.
Eliminación del “servicio obligatorio” aleatorio las elecciones.
8. REFORMA JUDICIAL
En el orden de la Administración de Justicia:
Reforma judicial para una Justicia imparcial, pronta, eficiente
y accesible. Orientada primero a la restitución o compensación a la víctima y disuasión al criminal
potencial, segundo al castigo justo y proporcional del victimario; y tercero al eventual mejoramiento del criminal y su posterior
integración a la sociedad.
Duplicación del numero y dotación de tribunales.
Eliminación del monopolio que posee la Fiscalía en el orden de la acusación
e investigación penal y fortalecimiento presupuestario del aparato judicial, empezando por la Justicia de Paz.
9. ALTO AL DESBORDE CRIMINAL
En el orden represivo:
Las policías deben ser fortalecidas y concentradas en sus funciones
propias: patrullar campos y calles, y apresar a los verdaderos criminales. Y Jueces y oficiales judiciales,
a las suyas: juzgarlos. Pero ello requiere incrementar el número de jueces, y oficiales de justicia, así como de tribunales,
centros de justicia de paz, cárceles y centros de detención hoy hacinados e ineficaces a todo efecto justo. Como
mínimo, se ha de duplicar la capacidad de los centros de detención y cárceles así como pagar salarios adecuados
a la importancia de su función a los policías, Jueces civiles, penales, mercantiles, de Paz y oficiales judiciales.
Derogación a efectos internos, de leyes antidroga mal concebidas,
que sólo agravan el problema, y crean otros cómo:
a) Precios inflados artificialmente, que ponen el tráfico de sustancias
ilegales en manos criminales con inmensa riqueza, fuerza y poder, asociadas a todo género de violencia subversiva política
y común.
b) Traficantes minoristas que atestan tribunales y cárceles, y les impiden
así servir eficazmente en crímenes no relacionados con drogas.
c) Compra de funcionarios y corrupción expandida. Atacables por medio
de la unificación de las normas municipales y federales de regulación a todas las drogas recreativas adictivas con las que
se apliquen al licor y el tabaco.
d) Reconocimiento pleno de la soberanía territorial de otros gobiernos
en su legislación sobre la materia, y prohibición de exportar cualquier droga recreativa hacia países en que soberanamente
la misma fuera prohibida.
Eliminación de los privilegios en materia de regulación de la
posesión de armas privadas para defensa personal.
10. FUERZA ARMADA PROFESIONAL
El orden doctrinario:
Fuerza Armada Nacional e institucional y despartidizada, compuesta por oficiales y soldados
profesionales, dedicados a sus funciones propias de garantizar la independencia y la soberanía territorial contra
toda posible amenaza armada de fuerzas externas, estatales, irregulares o terroristas, y preparados para funciones accesorias
de apoyo al gobierno civil en desastres naturales. Completa separación de los militares activos de cualquier función
propia del gobierno civil en materia administrativa, política o policial.
El orden operativo:
Oficiales y soldados profesionales con entrenamiento constante. Unidades especializadas acordes
con la naturaleza de los enemigos actuales y potenciales. Amplios recursos de inteligencia, gran capacidad de despliegue
rápido, armamento moderno, poder disuasivo a gran distancia y precisión, en tierra, mar y aire.
El orden profesional:
Salarios, atención medica, previsión familiar, y pensión de retiro
para veteranos de toda graduación y pensión familiar para viudas y huérfanos, acordes con la naturaleza de una fuerza armada
compuesta exclusivamente por profesionales altamente calificados y entrenados para funciones de suprema
importancia y elevado riesgo.
En el orden ciudadano:
Eliminación de las normas y reglamentos indignos, y derogación inmediata de todas las jurisdicciones
especiales.
Plena vigencia de los derechos ciudadanos de los militares, incluido el derecho al voto, únicamente con limitaciones al activismo
político, justas y razonables por su condición de custodios de las armas de la República.
En el orden internacional:
Declaración unilateral soberana de la invalidez absoluta de cualquier jurisdicción penal extrajera,
estatal o internacional, sobre oficiales y tropas venezolanas, en relación con actos de guerra no declarada a los que se vean obligados, dentro
o fuera del territorio nacional, en defensa de la soberanía territorial, y/o las vidas y propiedades de los ciudadanos, contra
la agresión militar, irregular o terrorista, así como en los casos de guerra declarada, o acción militar autorizada, por el
poder legislativo federal de acuerdo con la Constitución.
