El principio fundamental de RESISTENCIA CIVIL es que cada ser humano es dueño de sí mismo y, por tanto, debe tener la libertad de disponer de su cuerpo, su mente y sus bienes honestamente adquiridos de la forma que prefiera. El derecho de propiedad sobre si mismo es el derecho básico de cada ser humano y el principio de los derechos naturales del ser humano.

Este principio básico puede no parecer extraordinario si tenemos claro que nadie nos debe esclavizar, golpear, robar o matar. Pero hay más. Si usted es dueño de algo que adquirió honestamente (una parcela, camisa o casa), eso implica que usted tiene todo el derecho de decidir qué hacer con esa cosa. La puede gastar, vender, regalar o guardar, sin interferencias o limitaciones impuestas por otras personas o por el Estado.

Pero nótese que todos tenemos el mismo derecho; no sólo usted es dueño de sí mismo, sino que todos los demás individuos también son dueños de sí mismos, de manera que cada uno de nosotros debe respetar el derecho de los demás de manejar su vida. Usted no debe obligar a otros a actuar o pensar de la forma que usted quiera, aún cuando crea que es por el bien de ellos mismos. Los deseos, intereses, o necesidades que usted tenga no legitiman su reclamo contra la libertad, propiedad o vida de otro individuo.

El ser dueño de uno mismo crea un cerco imaginario alrededor de cada individuo, concediéndole una zona de privacidad y de acción dentro de la cual debe gozar de libertad plena. El ser dueño de uno mismo también implica que toda relación voluntaria entre individuos, donde no medie ni la fuerza ni el engaño, es moralmente aceptable, y que nadie más debe intervenir en ella.

Sin embargo, todos los gobiernos, han actuado en mayor o menor grado basándose en el principio opuesto, o sea, que tienen el derecho de intervenir en la zona de privacidad de los individuos y arrebatar los frutos de su labor o limitar sus acciones. El movimiento liberal libertario RESISTENCIA CIVIL es la sociedad civil en resistencia contra esa forma de actuar, basándose en el principio de que ningún gobierno o persona debe violar los derechos individuales básicos.